Durante su exposición ante el Congreso de la República de Perú para solicitar el voto de confianza para su Gabinete ministerial, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, se refirió a la situación de Petroperú. Cabe mencionar que el Parlamento le otorgó la confianza a los ministros.
Al abordar el tema de seguridad energética, el premier afirmó que el Gobierno viene adoptando decisiones responsables para enfrentar la situación de la petrolera estatal, priorizando la seguridad energética del país, “pero sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
En el corto plazo, remarcó, se viene evaluando un esquema de financiamiento estrictamente acotado y condicionado, orientado únicamente a evitar una interrupción en el abastecimiento de combustibles.
“No es un salvataje irrestricto”
Este apoyo -aclaró- “no constituye un salvataje irrestricto, sino una medida excepcional de reestructuración”, para cubrir necesidades críticas de operación, bajo controles de caja rigurosos, supervisión permanente y metas verificables de desempeño.
Al mismo tiempo, anotó, se está exigiendo a la empresa la adopción de medidas inmediatas de ajuste, que incluyen la reducción de costos, la priorización de operaciones rentables y la disposición de activos no estratégicos.
El premier subrayó se promoverá la participación del capital privado como parte de la solución, con el objetivo de reducir la exposición del estado y mejorar la eficiencia en la gestión.
Reestructuración integral
En los próximos meses, subrayó el premier, el Gobierno impulsará una reestructuración integral de Petroperú, en el marco del decreto de urgencia 010-2025. Cabe recordar que el propio presidente de la República, José María Balcázar, cuando era congresista, había respaldado proyectos para derogar dicho DU; y, en marzo último, estaba en evaluación de retroceder con la reestructuración.
Tal reestructuración, aseveró Arroyo, permita corregir los desequilibrios acumulados en esa empresa pública, fortalecer su gobierno corporativo y asegurar que opere bajo criterios de sostenibilidad financiera y transparencia.
“Es importante ser claros: el Estado no puede ni debe asumir indefinidamente los costos de una gestión que no ha sido sostenible”, puntualizó.
La intervención que se plantea -explicó- busca garantizar el abastecimiento de combustibles, proteger a la población —especialmente en las zonas más alejadas— y, al mismo tiempo, establecer reglas claras para que Petroperú transite hacia un modelo viable, “sin generar riesgos adicionales para la estabilidad económica del país. Reafirmamos que Petroperú no se privatizará”.
Fuente: GESTIÓN.