Según la Asociación de Contribuyentes, la propuesta para ampliar la concesión de distribución de gas natural de Cálidda a siete regiones del país ha generado cuestionamientos sobre sus posibles efectos tarifarios, la rentabilidad del proyecto y la ausencia de un proceso competitivo para adjudicar las nuevas zonas de distribución.
La propuesta de novena adenda contempla extender por diez años, hasta 2043, la concesión de Lima y Callao e incorporar 15 localidades de Ayacucho, Ucayali, Junín, Cusco, Puno, Apurímac y Huancavelica. Además, la renovación de esta concesión se realizaría prácticamente de forma automática.
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con las observaciones técnicas del ente supervisor y regulador Osinergmin. Según el Informe N.º 413-2026-GRT/OS, se advierte que la propuesta generará un costo para el Estado y los contribuyentes de aproximadamente US$1,832 millones, calculados a valor presente, sin que se hayan acreditado beneficios equivalentes para los peruanos.
Asimismo, se han planteado interrogantes sobre los costos de inversión, aparentemente sobrevalorados, y el eventual reconocimiento de activos cuyos costos podrían haber sido recuperados previamente o que ya fueron pagados por los usuarios, y que la empresa reclama como no pagados.
“Estamos hablando de una decisión que comprometería las condiciones de distribución del gas natural durante varios años y afectaría otros contratos similares generando inestabilidad y problemas legales para el Estado. La masificación no puede realizarse a cualquier precio”, señaló la directora ejecutiva de la Asociación de Contribuyentes, Camila Costa.
¿Por qué no convocar una licitación?
La representante de la Asociación de Contribuyentes sostuvo que la expansión hacia nuevas regiones debería tratarse por separado, compararse con otras alternativas, incluida una licitación abierta que permita evaluar propuestas de distintos operadores. El impulso para acelerar la distribución de gas natural debe fomentar que exista competencia para adjudicar nuevas concesiones en distintas regiones, a distintos inversionistas.
“No se trata de impedir que una empresa participe ni de retrasar la llegada del gas a las regiones. La extensión de la concesión de Cálidda en Lima y Callao debe avanzar, pero debe tratarse de manera independiente, sin mezclar recursos del FISE (Fondo de Inclusión Social Energético) ni distorsionar un subsidio destinado a los más necesitados. Cálidda podría perfectamente ganar la concesión en las siete regiones, pero debe hacerlo mediante un concurso público y competitivo, en igualdad de condiciones con otros operadores”, explicó Costa.
Ya existe una ley de masificación del gas, pero no tiene reglamento
Diversos especialistas, como el exviceministro de Energía del MINEM, Luis Espinoza, han afirmado que la masificación del gas natural debe avanzar bajo condiciones que garanticen beneficios concretos para los consumidores y eviten trasladarles costos que no estén debidamente sustentados.
En ese sentido, Espinoza afirmó que “la actual Ley de Masificación del Gas, N.º 32315, plantea un mecanismo de financiamiento adecuado con recursos del FISE alimentado por pequeños recargos que pagan los consumidores de energía de Lima y Callao. El fondo servirá para subsidiar aproximadamente en un 50% a usuarios que utilicen hasta 50,000 metros cúbicos de gas al mes”.
Según datos oficiales, el 99% de quienes necesitan este subsidio consumen menos de 50,000 m³ de gas natural al mes. Esto equivale a más de 2,700 balones de gas. Es decir, con un tope al subsidio para ese nivel de consumo se está ayudando a quienes realmente lo necesitan: pequeñas y medianas industrias, comercios y hogares. Incluir al 1% de grandes industrias sería muy costoso ya que este reducido grupo de empresas consume casi 4 veces más que el otro 99% de pequeños y medianos usuarios, por lo que el subsidio del Estado crecería 4 veces más y se destinaría a industrias que no lo necesitan.
En junio de 2026, el Ministerio de Energía y Minas publicó un proyecto de reglamento mediante la Resolución Ministerial N.º 252-2026-MINEM/DM. Corresponde confirmar su estado normativo actual.
Para Camila Costa, finalmente, la masificación del gas natural representa una oportunidad para reducir los costos energéticos de las familias y mejorar la competitividad de las regiones, pero requiere decisiones sustentadas en evaluaciones técnicas independientes.
“El Perú necesita ampliar el acceso al gas natural, pero también proteger a los consumidores. Ambas prioridades son perfectamente compatibles si las decisiones se adoptan con competencia, transparencia y reglas claras”, concluyó.