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28 de marzo de 2024
Minería

Asociación civil urge que Perú cumpla con estándares de transparencia en el sector extractivo

Arribó en visita al Perú una comisión de miembros del Secretariado Internacional de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) para conocer el desempeño de Perú en el marco de dicha iniciativa en materia de transparencia en actividades petroleras, gasíferas y mineras, informó la Asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

La EITI es un espacio donde participan el Gobierno, empresas y sociedad civil presentes en más de 52 países, del cual el Perú es miembro hace más de 15 años, y del que actualmente está en riesgo de ser suspendido.

Ello debido a que Perú aún tiene compromisos pendientes a cumplir en el marco de la iniciativa, como liberar información de interés público sobre los ingresos que generan estas actividades a través del canon, sobrecanon y otros, así como información sobre gastos y pagos ambientales, gestión hídrica e información sobre minería artesanal y a pequeña escala.

Esta información se pondrá a disposición de la ciudadanía a través del VIII Informe Nacional de Transparencia en las Industrias Extractivas, cuya elaboración es financiada por el MINEM, el cual debe ser presentado el 31 de marzo. Sin embargo, esté aún no ha sido elaborado, lo que podría llevar al Perú a su suspensión temporal.

A esto se suma que aún está pendiente la elaboración de informes regionales de transparencia en las cinco regiones peruanas con Comisiones EITI (Loreto, Piura, Arequipa, Moquegua y Apurímac). Estas comisiones permiten difundir cómo los gobiernos regionales utilizan el canon y las regalías provenientes de la actividad extractiva, de tal manera que aporten al desarrollo nacional.

Frente a ello, Vanessa Cueto, vicepresidenta de DAR y representante de sociedad civil en la Comisión Nacional EITI, sostiene que “el Perú debe cumplir con los compromisos asumidos en transparencia. Tener reglas claras de transparencia es clave para promover una buena gobernanza en las actividades extractivas y contribuir al desarrollo sostenible y calidad de vida de las poblaciones locales”.

Fuente: LA REPÚBLICA.

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