En un lapso de casi dos décadas (2003-2020) se destinaron más de 6 mil millones de soles a las tres provincias que conforman el Corredor Minero del Sur por negociaciones directas con las empresas, aportes especiales (canon, regalías, derechos de vigencia), y negociaciones directas con el Estado, derivados de la minería.
Estas son Cotabambas en Apurímac, y Espinar y Chumbivilcas en Cusco, indicó Pablo O’Brien, en Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), donde presentó el estudio «Los fondos sociales y convenios marco en el Corredor Minero del Sur», elaborado para Infosur Perú y el Grupo Propuesta Ciudadana.
Persiste la conflictividad en esa zona que que produce el 30% del cobre peruano. Una de las razones radica en el diseño de instrumentos como los fideicomisos gestionados desde el Estado (que se convirtieron luego en los fondos sociales) o los convenios marco que se implementaron tras negociaciones entre las poblaciones y las empresas.
Dichos instrumentos con el paso de los años han alentado esquemas de confrontación para obtener mayores beneficios y se convirtieron en mecanismos de captura de renta minera. Es decir, han propiciado comportamientos rentistas entre las autoridades y dirigentes sociales.
Fuente: EXPRESO.
