Dentro del pedido del Poder Ejecutivo al Congreso para la ampliación del presupuesto público del 2023, vía créditos suplementarios, por más de S/ 8,200 millones, se plantea financiar con unos S/ 124 millones el cuidado de los tubos del gasoducto sur peruano (GSP), proyecto que está paralizado porque el Estado resolvió el contrato con el concesionario conformado, entre otros, por Odebrecht.
Sin embargo, la Comisión de Presupuesto del Congreso, donde se viene discutiendo esta iniciativa, no está de acuerdo con que el Estado siga custodiando estos bienes, pues lo viene haciendo desde el 2017, año en que se resolvió el Contrato.
El principal cuestionamiento de los parlamentarios es que el Estado ha venido gastando recursos en la custodia de tubos cuya propiedad es de Odebrecht, y que ya no debería seguir destinándose dinero para ello. Así, en el texto que se debatirá el viernes esta iniciativa se encuentra observada.
“Se argumentó que la temática va más allá de los alcances de la Comisión de Presupuesto, al contener aspectos legales generados por los procesos arbitrales y judiciales en los que se encuentra el Estado peruano con el ex concesionario”, señala el documento de la comisión.
Entre el 2017 y 2021 el Estado destinó S/ 615.8 millones, que se financiaron con la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento que se cobró al concesionario del GSP. Sin embargo, esos recursos se terminaron y hacia adelante se destinaron S/ 150 millones, financiados con recursos públicos, los que alcanzarían para cubrir los costos hasta fines de abril de este año.
¿Cuál es la posición del MEF sobre el cuidado de los tubos del gasoducto sur?
El ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, afirmó que es necesario que el Estado siga custodiando estos bienes porque, de lo contrario, se le darían elementos a Odebrecht para que gané al Perú un laudo arbitral a nivel internacional que actualmente está en proceso.
“Es un gasto que, como MEF, no lo incluiríamos, pero se requiere para reforzar la parte (legal) del país frente a esta empresa que ha generado daños importantes al país por el litigio que se tiene en su contra”, precisó ante la Comisión.
Así, será en la sesión del viernes de la Comisión de presupuesto del Congreso, en la que se definirá si el Estado sigue financiando la custodia de los bienes que, según el ministro Contreras, está próximo a resolverse.
Situación actual
En noviembre del año pasado, se conoció que el Gobierno tenía la intención de devolver los tubos que custodia del GSP a la empresa concesionaria, debido a que el Estado ya no tenía recursos para financiar este cuidado. A ello se suma que el consorcio GSP se encuentra en proceso de liquidación, vía proceso concursal.
Esta decisión fue comunicada por el Minem al consorcio el 31 de octubre del 2022. Luego, el 7 de noviembre del mismo año, el ex concesionario manifestó su rechazo a la devolución de los bienes por ser, según su posición, una responsabilidad del Estado peruano.
Esta posición fue ratificada por la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. En Liquidación el 29 de diciembre del 2022, por lo cual el Minem le reiteró el requerimiento para la recepción de los bienes; aunque ello se deberá definir en el marco de un proceso de consignación judicial.
Actualmente el Minem es acreedor reconocido en el procedimiento concursal del exconcesionario del GSP. Indecopi reconoció créditos a favor del ministerio por US$ 92millones por el concepto de capital y US$ 365,963 por intereses derivados de las penalidades por el incumplimiento del cronograma de ejecución de obras del ex proyecto GSP.
De esta manera, el Gobierno considera que todos los activos de la concesión del GSP, parte de los cuales vienen siendo objeto de custodia a cargo del Estado peruano, integran el patrimonio del ex concesionario, por lo que serán destinados al pago de los créditos de los acreedores reconocidos.
Más aún, porque en diciembre se eligió como entidad liquidadora a la empresa Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C, que debería exigir la entrega y tomar posesión de los bienes del ex concesionario, asumiendo la obligación de garantizar su adecuada conservación.
Fuente: GESTIÓN.
