En otra parte de su exposición, el ministro Shinno se refirió al Banco de la Nación. Se contempla que la entidad financiera pueda abrir cuentas corrientes a estos mineros informales.
“El objetivo de esta ley es establecer un marco jurídico para toda la cadena de comercialización. Es decir, la autorización, regulación, supervisión, fiscalización, trazabilidad y, por qué no, la promoción de la actividad a pequeña escala”. Así resumió el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, el foco del recientemente presentado proyecto para una Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).
Recordó que se “dividirá” en dos regímenes. Uno es el ya existente: el ordinario, que exige primero todas las autorizaciones y permisos correspondientes para otorgar luz verde a la actividad. El otro es el de consolidación, al que ingresarán todos aquellos que tienen registro vigente hasta el 31 de diciembre en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
“Va a ser un proceso de formalización con una vigencia de 18 meses, hasta el 30 de junio del 2028 […] consideramos que sí se va a poder lograr en este plazo porque vamos a simplificar el proceso, lo vamos a hacer acotado a una actividad de pequeña escala”, insistió Shinno.
¿QUÉ CONSIDERA LA LEY MAPE?
Sobre la supervisión y fiscalización, refirió: “El Estado priorizará el fortalecimiento de todas las actividades de la pequeña minería y minería artesanal y los que están en el resto de la cadena de valor”.
Vinculado a la certificación ambiental, se trabajará con el Ministerio del Ambiente (Minam) para establecer requisitos que consideren una actividad “mucho más ad hoc a pequeña escala”.
En otro momento, habló de los contratos de concesión y la responsabilidad administrativa en el ámbito contractual.
“Hay casos donde los concesionarios no firman los convenios de explotación porque aun haciéndolo [el concesionario] sigue siendo responsable de lo que hace el minero informal, tanto en la parte ambiental como la de seguridad […] Aquí lo que vamos a establecer es que el único responsable va a ser el minero informal que quiere formalizarse, trabajar. Eso creemos que va a ser el incentivo para que el concesionario firme al final el convenio”.
Asimismo, el Gobierno propone reducir los pagos por derecho de vigencia y exonerar de penalidades a los titulares de concesiones mineras que suscriban contratos de explotación por un periodo mínimo de tres años.
Sobre la trazabilidad total de la cadena, destacó que hay muchas cooperaciones extranjeras que están dispuestas a ayudar al sector para poder alcanzar esta meta.
Se sumaría una ventanilla única para la pequeña minería y una casilla electrónica en el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
En otra parte de su exposición se refirió al Banco de la Nación. Se contempla que la entidad financiera pueda abrir cuentas corrientes a estos mineros informales “en la línea de poder tener trazabilidad y de evitar el lavado de activos y que el flujo de dinero se haga en efectivo”.