Autor: jefe de Desarrollo de Negocios y Geología
Veta Dorada
La publicación del Reglamento de la Ley Nº 32213, aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-2025-EM, representa uno de los hitos más importantes en el proceso de formalización minera en el Perú. Este nuevo marco normativo no solo amplía el plazo del proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025, sino que redefine las responsabilidades institucionales, introduce herramientas digitales para el control de la actividad minera e incorpora criterios más exigentes en trazabilidad, seguridad y gestión ambiental.
Desde una perspectiva estratégica, este reglamento llega en un momento crucial. El país enfrenta una creciente presión por mejorar la gobernanza del sector de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), garantizar el cumplimiento de estándares ambientales y sociales, y frenar la expansión de la minería ilegal. En este contexto, la Ley Nº 32213 y su reglamento constituyen un intento por recuperar el liderazgo institucional del Estado sobre un sector que está perdiendo credibilidad.
Centralización y digitalización: un cambio de timón
Uno de los cambios más relevantes del reglamento es el fortalecimiento del rol del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a través de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) y la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM). A diferencia del modelo anterior, en el que las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) tenían una participación central, ahora la rectoría técnica recae directamente sobre el gobierno central. Esta centralización puede mejorar la coherencia técnica y normativa, evitando interpretaciones arbitrarias o divergentes a nivel regional.
Complementariamente, el reglamento introduce el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), una plataforma digital que permitirá registrar, monitorear y fiscalizar todo el ecosistema de la MAPE. Este sistema incluirá desde la información del REINFO, contratos de explotación, instrumentos ambientales, hasta la georreferenciación de labores mineras y la trazabilidad de compras de oro. Es un salto cualitativo hacia una gestión basada en datos y evidencia, que permitirá identificar inconsistencias, predecir riesgos y automatizar alertas de posible ilegalidad.
Formalización con consecuencias: exclusiones, control y depuración
El nuevo reglamento también endurece los criterios de permanencia en el REINFO, estableciendo causales claras de exclusión por “blanquear mineral”. Esta depuración, prevista para julio de 2025, exigirá que los mineros suspendidos reactiven su condición, caso contrario están fuera del proceso.
Lejos de ser una medida punitiva, este proceso es una acción necesaria para depurar el padrón de actores sin intención de formalizarse y enfocar los esfuerzos en quienes realmente buscan integrarse a la formalización.
Retos persistentes: trámites complejos y articulación institucional
No obstante, el reglamento no está exento de desafíos. El sistema de formalización aún requiere trámites complejos, tiempos prolongados de evaluación y una articulación más eficiente entre los distintos sectores: MINEM, SUNARP, SUCAMEC, ANA, OEFA, entre otros. El éxito del reglamento dependerá no solo de su contenido legal, sino de su implementación ágil, interoperable y sensible a las condiciones reales del minero artesanal.
Particular atención merece la modificación del Decreto Supremo N.º 046-2012-EM sobre explosivos. El nuevo reglamento instruye al Estado a revisar este procedimiento, permitiendo que los mineros en proceso de formalización puedan acceder al Certificado de Operación Minera Excepcional de forma más eficiente. Este punto es clave, ya que la falta de acceso legal a explosivos sigue siendo uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo técnico de la MAPE.
Una oportunidad para las empresas responsables
Para empresas como Veta Dorada, que se dedican a la compra y procesamiento de mineral proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala, el nuevo reglamento representa tanto una responsabilidad como una valiosa oportunidad. En calidad de actor clave en la cadena de valor, asumimos el compromiso de asegurar que nuestros proveedores estén formalizados o en proceso activo de formalización, cumpliendo con las nuevas exigencias en materia de trazabilidad, sostenibilidad y legalidad.
Como parte de nuestra política de gestión responsable, ya contamos con un registro actualizado y trazable de todas las compras de mineral realizadas. La exigencia de reportar esta información al Ministerio de Energía y Minas —establecida por el nuevo reglamento— no nos toma por sorpresa. Por el contrario, nos encuentra preparados y alineados con los principios de transparencia y control institucional que ahora se oficializan.
El futuro del oro responsable en el Perú depende, en gran medida, de cómo se articule este nuevo marco legal con iniciativas privadas y comunitarias que apuesten por una minería más responsable, trazable y sostenible.