Gremio minero-energético advierte que la raíz la conflictividad social no se encuentra en la normativa minera, sino en la frustración de la población por la ineficiente ejecución de los recursos del canon.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) consideró que el Gobierno tiene un “diagnóstico errado” sobre las causas de los conflictos sociales en el Perú, pues estos no se deben “a limitaciones o restricciones” en la Ley General de Minería, como deslizó la primera ministra Mirtha Vásquez el día de hoy.
“La conflictividad social no se resolverá cambiando la ley general de minería. Pretender eso es un enfoque equivocado”, indicó Pablo de la Flor, director ejecutivo del gremio minero-energético.
El funcionario explicó que la ola creciente de conflictividad se explica por la “frustración generada” por la escasa capacidad que ha mostrado el Estado en los últimos años para “ejecutar los recursos transferidos por las empresas mineras”, es decir, el canon y las regalías.
“Lo que hace falta, en vez de modificar el marco normativo, es apuntalar la gestión del Estado para responder estas demandas de la población, y poner en buen uso los recursos que ya está generando la minería”, dijo.
Prueba de ello, señaló, es que en el 2021 los gobiernos subnacionales ejecutaron apenas el 60% de sus presupuestos, y que solo dedicaron el 25% (en promedio) a atender necesidades básicas en salud, educación, agua y saneamiento.
Citó como otro caso puntual, el de la selva norte, donde la población espera desde hace tres años la implementación del plan de cierre brechas, del cual “no hay hasta ahora hay ningún avance significativo”.
Finalmente, el funcionario precisó que en ningún momento la SNMPE se reunió con la primera ministra para tratar sobre cambios en la Ley General de Minería.
“Nos sorprende, porque no es un tema que hayamos abordado. Hemos tenido solo dos reuniones con ella, a propósito de los problemas suscitados por sus declaraciones sobre la minería en Ayacucho”, sostuvo.
