El decreto supremo emitido anoche por la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo que regula los servicios de tercerización carece de fundamentos técnicos y constituye un duro golpe para los trabajadores formales del país, contratados bajo esta modalidad, que se encuentran hoy frente a la posibilidad de perder sus empleos o transitar hacia la informalidad. De igual manera, es un perjuicio para las empresas pequeñas, medianas y grandes, las cuales contratan diversos servicios especializados y verán incrementados sus costos de producción.
Esta norma, incluso, constituye una barrera para muchas empresas e instituciones del Estado que demandan servicios de terceras empresas para llevar a cabo diversas actividades, como es el caso del transporte de activos a diversas regiones del Perú o la ejecución de programas sociales que benefician a millones de personas.
El principal problema de la norma es que prohíbe – asumiendo que todas las empresas abusan – cuando esto no es correcto y se resuelve con mejor supervisión y no con prohibiciones. La tercerización es una herramienta para organizar la producción de bienes y servicios de manera más eficiente, que se refleja en mejores precios y mayor competencia en beneficio del consumidor. La rigidez que impone la norma quitará esta flexibilidad y, por lo tanto, se afectará a los ciudadanos en su conjunto, quienes enfrentarán una nueva alza de precios en tarifas de servicios públicos como electricidad, gas, agua, telefonía y otros bienes y servicios.
Emitir una norma tan perjudicial como esta es resultado de la falta de solvencia técnica y de una carente visión estratégica en las organizaciones del Estado y las autoridades de turno. De esta manera, se pone en evidencia el perjuicio generado por el gobierno tras la separación de profesionales con capacidad en gestión pública y la renuncia de muchos funcionarios que, como protesta, han denunciado nombramientos a dedo de personas sin experiencia e incluso cuestionadas en su integridad, tanto en los ministerios como en las instituciones y dependencias del Estado.
Sin capacidad técnica no avanzaremos en la mejora de servicios públicos como salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros.
En ese sentido, rechazamos el autoritarismo y la intransigencia del presidente Pedro Castillo y de la ministra Betssy Chavez quienes de forma arbitraria y a puertas cerradas, han emitido una norma ignorando el necesario diálogo social que caracteriza al Consejo Nacional de Trabajo. Así, la norma que acaban de promulgar fue propuesta por la propia ministra el 28 de enero en el CNT y luego emitida pasando por encima de los criterios técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas y del debate en los entes correspondientes.
Exigimos al gobierno la derogatoria del D.S N° 001-2022-TR 23.02.22 y lo exhortamos, una vez más a priorizar las necesidades de la población, que demanda trabajo digno y de calidad. Resulta lamentable que, por encima de ello, se prioricen las intenciones políticas y otros intereses de grupos ajenos al desarrollo del país, un hecho que diversos ex ministros de Estado vienen advirtiendo.