El Consejo Fiscal (CF) advirtió que existe riesgo de superar el “techo” del déficit fiscal no solo este 2023, sino también en los próximos años, si la debilidad económica del Perú persiste. Esta situación pondría en peligro la calificación crediticia del país.
Según las reglas fiscales, se estableció que no debe ser mayor a 2.4% del producto bruto interno (PBI) en el 2023; a 2% del PBI en el 2024; a 1.5% del PBI en 2025; y a 1% del PBI de 2026 en adelante.
Dichas cifras no se cumplirían por la recesión de la economía y un crecimiento acotado hacia adelante, que conlleva a una menor recaudación, debilidad de la demanda interna y mayores gastos por el impacto del fenómeno de El Niño.
En conversación con Gestión, Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal, sostuvo que el Gobierno, en todo momento, ha ratificado su compromiso de cumplir las reglas fiscales, pero de no hacerlo este año “mellaría la credibilidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la política económica”.
“El Consejo Fiscal y varios analistas han dicho que se debe sincerar las cifras y no ser tan optimista. Básicamente, lo que señalamos hace un año se está cumpliendo, porque las estimaciones de crecimiento (del Poder Ejecutivo) estaban muy elevadas, y eso afecta a la proyección de ingresos. Además, si a eso le sumas que tu línea de base es igual al “tope”, entonces, la probabilidad de que se incumpla la regla fiscal es relativamente alta”, dijo Oliva.
Añadió que, en el caso de que se incumplan las reglas fiscales, va a depender de cuánto sea el margen de incumplimiento, para saber si afecta a la calificación crediticia del Perú.
Lo que se espera para los siguientes años
Como no es el mejor escenario pasar el techo del déficit fiscal, Oliva comentó que los mercados y calificadoras estarán a las expectativas con lo que suceda el próximo año.
Mencionó que, si se parte de un nivel más o menos elevado de 2.6% o 2.8% del PBI, para el 2024, “la probabilidad de incumplir también es súper alta, porque nuevamente han hecho la proyección con el tope de la regla del 2%”.
El presidente del Consejo Fiscal explicó que parte de la recaudación del 2024 son las utilidades de las compañías de este año, pero serán bajas, porque en el 2023 Perú está en recesión.
“Definitivamente habrá un efecto en los ingresos del 2024. Una regla (fiscal) que eventualmente no se cumpliría el 2023, probablemente tampoco en el 2024. Cuando empiezas a sumar las cosas, con una economía que no despega, ya podrías poner en riesgo la calificación del país”, expresó.
Bajo ese contexto, el presidente del Consejo Fiscal consideró que las calificadoras de riesgo internacionales (Fitch, Moody’s y S&P) miran más el déficit fiscal, el ratio de deuda sobre el PBI -donde estamos bien por ser el más bajo de América Latina-, el crecimiento económico y el tema institucional que siempre ha sido una debilidad peruana.
“Lo único favorable es la reducción de la inflación, porque el próximo año vamos a entrar al rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (1% a 3%). Lo otro que juega en contra es la incertidumbre del fenómeno de El Niño. Cuando juntas todas las fichas, son más las cosas malas que buenas. Eso definitivamente afectaría la recuperación y eventualmente una calificación”, apuntó.
Con una serie de debilidad, el Consejo Fiscal prevé que es súper difícil reducir la brecha del déficit fiscal del 1% del PBI al 2026, como se tiene previsto por el Poder Ejecutivo. “Eso de proyectar el tope de la regla es una mala práctica y si no lo cumplen este año ni el próximo, entonces, será mucho más difícil llegar al 1%”, precisó.
¿Qué se puede hacer?
Oliva señaló que, más que ir por la salida fácil de cambiar las reglas fiscales, se debe apostar por una plan agresivo para el crecimiento de la economía peruana.
“Se tiene que hacer muchas cosas, por un lado pueden sincerar las cifras y se tiene que hacer más agresivo con el crecimiento. Si la economía creciera a 3% o 4%, cumplir las reglas no sería tan complicado. Pero, si la economía crece por debajo del 2% o negativo, como puede ser este año, el cumplimiento de las reglas será más difícil”, declaró.
Para ello, el economista sugirió recuperar el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), revisar la política laborales con la famosa “Agenda 19′′ que sigue vigente, también la Ley de Formalización del Sector Agroexportador, recuperar el Servicio Civil (Servir) y los subsidios para la construcción que podría reanimar la inversión privada.
Para Sandro Fuentes, exjefe de la Sunat, volver a la senda del cumplimiento de las reglas fiscales no se trata de aumentar la recaudación, sino contener la caída de la misma.
“El Congreso de la República tiene poco tiempo, pero tendría que discutir las salidas de algunas exoneraciones, que implican importantes costos, como las regionales probablemente. Hay bastante trabajo en lo que llaman gastos tributarios”, afirmó.
Explicó que hay un listado enorme de exoneraciones tributarias. Entre ellos, mencionó que se debe revisar aquella vinculadas al Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
También recomendó que se debe regresar al cumplimiento voluntario, y para ello la Sunat tiene que endurecer las sanciones contra los medianos y pequeños contribuyentes, debido a que los grandes están sobrefiscalizados.
“Sunat tiene que salir a la calle y volver a los operativos que tanto éxito tuvieron cuando la recaudación pasaban con una situación como esta”, replicó.
Como otra medida, Fuentes manifestó que contener la caída de la recaudación dependerá mucho de las medidas contracíclicas que eventualmente dicte el MEF y el BCRP. “Aisladamente la recaudación no crece”, aseguró.
El experto subrayó que conseguir que crezca la recaudación será con una mayor inversión privada, para eso se debe destrabar proyectos.
Presión para el déficit fiscal
Según el informe de Thorne & Associates, un factor que debilitaría el déficit fiscal es la incorporación de ingresos extraordinarios al presupuesto de este año, por lo que se superaría el 2.4% del PBI al 3% del PBI.
Detalló que el 27 de octubre se publicó la Ley N° 31912, mediante el cual se busca financiar las medidas para la reactivación económica y para enfrentar el El Niño con S/ 3,019 millones en créditos suplementarios y S/ 2,428 millones en reasignaciones presupuestarias.
“Esta es la segunda norma que se aprueba para financiar este tipo de medidas -en abril se publicó la Ley N° 31728, que incorporaba créditos suplementarios por S/ 8,232 millones-. La totalidad de estos fondos extraordinarios suman S/ 11,251 millones (1.1% del PBI), los cuales podrían añadir una presión adicional al déficit fiscal, llevándolo por encima del 3%”, refirió.
Agregó que, lo preocupante del incumplimiento de estas proyecciones es que implica que la aprobación del Presupuesto Público de este 2023 se realizó con recursos insuficientes, generando un deterioro en la sostenibilidad de las cuentas públicas. Más aún, con la aprobación del aumento del presupuesto de 12% para el siguiente año y se espera que esta situación se mantenga durante el 2024.
“Preocupa el optimismo en las proyecciones del MEF para el siguiente año, pese a que se espera que el deterioro de la economía persista durante la primera mitad de 2024. Esto significaría que los recursos tributarios del Gobierno serían insuficientes para solventar sus gastos, por lo que se volvería a registrar un nuevo incumplimiento de la regla fiscal”, indicó.
Fuente: GESTIÓN.