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Los proyectos mineros y los riesgos que enfrentarán en los próximos años

El Ing. Miguel Cardozo, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), durante una entrevista para MINERÍA & ENERGÍA, destacó que debemos entender que un proyecto minero que se demora en ejecutarse, o se paraliza por conflictos sociales, representa que más peruanos sigan entrampados en la pobreza y que las próximas generaciones no tengan oportunidades de crecimiento y desarrollo.

En estos momentos de incertidumbre política, ¿Cuál es la percepción a nivel mundial de la minería peruana?

Un primer enfoque es que Perú se mantiene como una plaza atractiva para las inversiones privadas responsables debido a su potencial minero; en cobre, zinc, plata, oro, hierro; incluso tenemos ocurrencias de litio y otros metales. Así mismo, aún somos un país con costos competitivos y profesionales altamente capacitados.

Sin embargo, no podemos olvidar que, de acuerdo con la Encuesta Anual de Empresas Mineras del Instituto Fraser, en el 2018 el Perú ocupaba la posición 14; en el 2019 descendió al puesto 24 y en el 2020 ocupó la posición 34 de 77 países y regiones más atractivas para inversión minera global.

¿Qué nos indica esto? Pues que la incertidumbre política que estamos viviendo en los últimos años está impactando negativamente nuestra economía. Esto no perjudica sólo al sector y a las empresas mineras – que pese a todo han venido produciendo, exportando y pagando impuestos– sino que ha ocasionado que menos peruanos salgan de la pobreza o consigan empleo digno y; por ende, mejoren su calidad de vida y la de sus familias.

Un segundo punto para considerar es, que debemos evitar plantear medidas políticas y tributarias que solo apunten al corto plazo o a ganar puntos de popularidad; y que por el contrario terminen perjudicando el crecimiento de nuestro país en los próximos años. Debemos, más bien trabajar en lograr una estabilidad jurídica y política que nos permitan mantener e incrementar las inversiones en la industria.

No menos importante, es el tema social. Si además de la inestabilidad política y de un cambio de reglas de juego; añadimos la ausencia del respeto al Estado de Derecho; entonces, ya vamos perdiendo. Frente a ello, la actual gestión ha planteado la “Rentabilidad Social”; un concepto con el cual estamos de acuerdo y que ya las empresas mineras vienen aplicándolo.

El éxito de la Rentabilidad Social se alcanzará con una mayor presencia del Estado en las zonas más alejadas y con el adecuado manejo de las contribuciones del sector minero a través del canon, las regalías y otros impuestos; es decir, que se ejecuten las obras de infraestructura, de salud, de educación que las comunidades realmente necesiten.

Si bien es cierto que estamos considerados entre las grandes potencias mineras, las normativas que rigen al sector no son las correctas. ¿Qué se debe hacer para mejorar la regulación por parte del Estado?

El Estado, a través del gobierno central, ha avanzado en corregir algunos problemas regulatorios para la industria minera. A manera de ejemplo, la eliminación del silencio administrativo negativo para la Ficha Técnica Ambiental (FTA); pero se han quedado pendientes otras regulaciones; como la aplicación del Acuerdo Previo en lugar de la Consulta Previa, hablando sólo de las normas aplicables a las exploraciones mineras.

El modelo plantea evitar la innecesaria duplicidad de procesos de diálogo en la actividad minera. La casuística muestra claramente que somos el único país de la región que realiza dos procesos de consulta al aplicarlo, tanto en la etapa de exploración como de explotación.

Pero, además debemos entender dos puntos fundamentales con claridad. El primero es que la exploración es una actividad cuyo impacto ambiental es menor y cuenta con programas de remediación estandarizados y normados, y su actividad es temporal en función de los resultados que se obtengan.

El segundo punto es que muchas veces este tipo de emprendimientos a pesar de tener indicios positivos en la fase de prospección, cuando se llega a la etapa de exploración, los resultados de las perforaciones tienen una altísima probabilidad de no cubrir las expectativas técnico-económicas para continuar invirtiendo en el desarrollo del proyecto.

Y hago énfasis en las exploraciones mineras porque, además de ser el punto de partida para el desarrollo de la actividad, también las estadísticas nos señalan que de 1,000 prospectos, 100 entran en perforación, y solo 1 se convierte en mina. Es decir, en teoría solo este proyecto justifica pasar por consulta previa, puesto que ya cuenta con la viabilidad económica. De lo contrario estaríamos creando, a su vez, falsas expectativas en la población del entorno.

¿Cuál debe ser la visión de la industria minera?

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) ha venido difundiendo la necesidad de aplicar una visión de desarrollo territorial que garantice en el mediano y largo plazo tanto el progreso de las poblaciones como la permanencia de las inversiones en nuestro país, las cuales nos ayudarán a recuperarnos de esta crisis.

En esa línea nos parece un muy buen avance que el actual ministro de Energía y Minas, Iván Merino, comparta nuestra iniciativa.

Además, también debemos seguir impulsando las aplicaciones de las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible y del Centro de Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero-Energéticas (Rimay).

Considero que si ya tenemos diagnósticos y recomendaciones; entonces por qué no ponerlas en práctica; y de hecho, somos conscientes que en el camino saldrán otras iniciativas que necesitarán ser estudiadas y debatidas por todos los actores: Estado, comunidades, academia, organizaciones sociales y empresas mineras.

El desarrollo sostenible de nuestro país requiere una racionalidad de largo plazo que asegure predictibilidad, competitividad, sostenibilidad y prosperidad para todos los peruanos.

Pese a tener proyectos mineros de gran potencial su ejecución avanza muy lento o están paralizadas ¿Qué comentario le merece tal situación?

La idea de tomar decisiones pensando o buscando perjudicar solo a la industria o a un grupo de empresas mineras es radicalmente errada; porque los inversionistas y empresarios, al final, optarán por irse a otros mercados que ofrezcan mejores condiciones y brinden estabilidad jurídica.

Debemos entender que un proyecto minero que se demora en ejecutarse, o –peor aún– que se paraliza por conflictos sociales o por cambios de reglas; representa que más peruanos sigan entrampados en la pobreza, y que las próximas generaciones no tengan las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo.

También se crea un impacto negativo en las medianas, pequeñas y microempresas que son proveedoras de bienes, servicios y tecnologías a las mineras; y así se termina perjudicando a una gran masa de peruanos que dependen del encadenamiento económico descentralizado que es propiciado e impulsado por el sector minero a nivel regional.

¿Qué riesgos enfrentaría en los próximos años el Perú sino se logra llevar adelante los proyectos del sector minero?

Hace unas semanas en el Jueves Minero, organizado por el IIMP, los representantes de CRU Group destacaron que a nivel global se requiere alrededor de US$ 100,000 millones de inversión para cerrar la brecha de la oferta de cobre hacia el año 2031; esto debido a la demanda para la fabricación de vehículos eléctricos y demás instrumentos de energía renovable, que permitirán reducir las emisiones de CO2 y mitigar los efectos del cambio climático.

En ese contexto, el Perú se presenta como un jugador clave porque -según cifras al 2020 del Ministerio de Energía y Minas- en nuestro país tenemos reservas (entre probables y ­ probadas) del metal rojo que superan los 91,000 millones de toneladas métricas. Pero además del cobre, el impulso de la energía verde requiere litio, niquel y las denominadas tierras raras. Estos también están presentes en nuestro territorio y que junto con el cobre esperan salir a la superficie y cubrir la creciente demanda.

Asimismo, en la actualidad, el Perú cuenta con una cartera de proyectos mineros valorizada en más de $56 mil millones. De acuerdo con el estudio “Minería: oportunidad de desarrollo frente a la crisis nacional”, elaborado por el IIMP y el Centro de Competitividad y Desarrollo (CCD), estos recursos contribuirían a reducir la pobreza en 12 puntos porcentuales en los próximos 10 años.

Queremos brindar pautas y recomendaciones para que esto se haga realidad, a través de normas que contribuyan a nuestra competitividad para atraer inversiones, como, por ejemplo, mecanismos de trabajo conjunto entre las empresas mineras, el Estado y la población, a fin de reducir la conflictividad social; reformas que permitan una mejor distribución de los recursos económicos generados por la minería y se desarrollen obras públicas que generen bienestar a la población, entre otras.

Está claro que la minería ha sido trascendental para el desarrollo del país y un 20% de la población nacional se beneficia de ella actualmente, y deseamos buscar alternativas y discutir propuestas para que este impacto sea aún mucho mayor.

En tal sentido ¿Cuál sería la propuesta sobre el modelo que debería aplicar el Estado?

Primero, tenemos que reconocer que hay cambios estructurales que se deben hacer en el país; pero estos cambios deben darse de manera paulatina y, definitivamente, convocar a todos los actores.

En ese sentido, Rumbo a PERUMIN ha venido realizando conferencias descentralizadas donde hemos podido analizar los desafíos de la minería en las regiones con presencia minera.

De esa manera, hemos logrado identificar que el actual sistema de distribución del canon no está dando los resultados que se esperaba; por el contrario, ha venido ensanchando la brecha de déficit de infraestructura y creando más descontento en la población debido a que se crea una alta expectativa ante la llegada de una empresa privada, la cual, si bien tiene la voluntad de apoyar con obras, esa es la tarea fundamental del Estado, el cual ha estado ausente en casi toda nuestra vida republicana.

Entonces, es importante que nuestras autoridades trabajen por mejorar su presencia en esas zonas más alejadas; así como también tenga una actitud proactiva y no reactiva como ha venido ocurriendo en los últimos años frente a importantes proyectos mineros.

Definitivamente, estoy seguro de que todos queremos un país donde haya mayor trabajo, más bienestar, más acceso a los servicios de primera necesidad, mejor infraestructura y calidad para la educación y la salud, etc.; y la minería es una herramienta importante para conseguirlo; pero no puede hacerlo sola; sino que requiere del trabajo conjunto con el Estado y las comunidades.

Fuente: REVISTA MINERÍA & ENERGÍA.

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