Estamos camino a perder una oportunidad muy importante, quizás la más importante de nuestra historia, de usar a la minería como un elemento que impulse el desarrollo territorial, el crecimiento del PBI nacional y del PBI percapita en Perú, afirmó Miguel Cardozo, Presidente de PERUMIN 36, durante la entrevista concedida a la revista MINERÍA & ENERGÍA.
Cuando hablamos de la situación de inestabilidad política ¿Cuál es la verdadera dimensión del riesgo para las inversiones mineras?
Cada vez recibimos menores inversiones en exploración minera, ya nos estábamos recuperando en los años 2016, 2017 después de la crisis internacional, pero resulta que desde el 2018 comenzamos nuevamente a retroceder. En el 2021 después de la pandemia hemos recibido apenas el 3.9% de la inversión mundial comparado con los años anteriores dónde fluctuamos entre 5 y 7%. En el año 2022 la proyección indica que se llegará al 4.2% con lo cual estamos teniendo un problema muy serio en inversión minera. Esta incertidumbre está perjudicando también el avance de nuestro portafolio de proyectos de construcción de mina. Tenemos 47 proyectos mineros con una inversión de US$ 53,715 millones, ubicados en 18 regiones del territorio nacional, qué están en el peligro.
Además, la producción de cobre se está estancando, nadie recuerda qué al comienzo de este siglo producíamos apenas 1.2 millones de toneladas de cobre y llegamos hasta 2.5 millones en los siguientes años. Ahora, ya deberíamos estar en 3 millones de toneladas de cobre fino, pero no estamos llegando a esa cifra. Ojalá que este 2023 con la producción de Quellaveco y también de Mina Justa compense un poco las pérdidas que hemos tenido en proyectos invadidos, como Antapaccay, en las Bambas.
En tal sentido, ¿Qué pasará con la construcción de las ampliaciones de los proyectos mineros que actualmente tenemos en cartera?
Espero que alguno salga, pero, hay mucha incertidumbre porque las empresas no están tomando decisiones a favor de hacerlo, Yanacocha está postergado, en el caso de Conga y Galeno no hay señales positivas; y en Michiquillay recién parece que están dando algunos pasos, ya tiene acuerdos con comunidades, y estará empezando pronto a explorar; pero Michiquillay tiene por lo menos 4 o 5 años adelante antes de empezar la producción, si todo va bien.
En perspectiva algunas ampliaciones menores en hierro como Shouxin han avanzado más de un 65%, Toromocho tiene pensado una ampliación, que probablemente sí avance, pero San Gabriel parece estar postergado. Muchos de los proyectos que deberían estar saliendo están estancados o están esperando una decisión de sus gerencias.
¿Qué se tendría que hacer para sobrellevar está situación alarmante de inestabilidad y no perder la competitividad como país minero?
Creo que tenemos que cambiar completamente la manera de observar el tema de la minería, la situación por la cual pasamos a nivel mundial debido a la transición a energías limpias está generando un crecimiento de la demanda de cobre, que va a pasar de 25 millones de toneladas en 2021 a 50 millones de toneladas para el 2035 y seguirá avanzando más hasta el 2050 dónde podría estar llegando a los 55 millones de toneladas, por lo que va a haber déficit de oferta del cobre, que va a generar sin duda un mantenimiento del precio del cobre en niveles altos.
Esto para nosotros es obviamente una gran oportunidad, si vemos estas cifras equivalen qué en el mundo se va a requerir la entrada a producción de tres proyectos como Quellaveco cada año, en los próximos 20 años. Sin embargo, estamos camino a perder nuevamente una oportunidad muy importante, quizás la más importante de nuestra historia, de usar a la minería como un elemento que impulse el desarrollo territorial, la diversificación económica, el crecimiento del PBI nacional y del PBI percapita en Perú, alcanzando el nivel de país desarrollado en un periodo relativamente corto, no mayor a 10 años.
Pero si no desarrollamos nuestro portafolio existente, si no rescatamos nuestros proyectos que están suspendidos desde hace mucho tiempo por razones sociales; y si no tomamos las acciones necesarias para que todas las regiones reciban el beneficio de este crecimiento minero para reducir las brechas sociales, habremos perdido definitivamente una oportunidad enorme y única.
¿Cuál debe ser el papel del gobierno central para poder garantizar un panorama favorable para las inversiones mineras?
Primero deberíamos tener una especie de arreglo político dónde nos convirtamos en un país políticamente viable. No podemos estar en enfrentamientos constantes por intereses particulares, por corrupción y por falta de funcionarios qué hagan su trabajo. Este es un paso fundamental y con un Estado funcional tendríamos que comenzar inmediatamente a resolver los problemas de burocracia y malas regulaciones. Con orden y colaboración de las poblaciones y de los sectores de la sociedad, en particular de la minería, que es una industria descentralizada y tiene la capacidad de manejar proyectos complejos y conoce los territorios del país, podemos hacer muchísimas cosas para el desarrollo del país.
Este tema lo hemos estado discutiendo en Rumbo a Perumin y también lo vamos a seguir discutiendo en septiembre que se llevará a cabo la Convención Minera en Arequipa. Ya comenzamos con conferencias y ha sido un ejercicio muy saludable y positivo, con discusiones sobre el tema de desarrollo territorial, el cierre de las brechas sociales y como enfrentar los retos y las oportunidades que se nos irán presentando.
El desarrollo territorial, que es nuestra propuesta de varios años, sobre el cual hemos presentado estudios y diagnósticos, hemos visto con mucha claridad qué pasa cuando se trabaja en esa dirección y tenemos dos ejemplos muy importantes qué son en Moquegua y Cajamarca. En Moquegua se ha avanzado con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional – IFC, Quellavecco y del Gobierno Regional, se tiene planes de desarrollo. En Cajamarca también con el apoyo de la Cámara de Comercio, el Gobierno regional y una entidad especializada como INSUCO se ha avanzado en la identificación de los proyectos para el desarrollo territorial.
¿Tal vez sería necesario elaborar una regulación oportuna que genere los incentivos adecuados en términos económicos, sociales, y ambientales?
Sin ninguna duda, tenemos que ser muchísimo más ágiles, el problema es increíble para el tiempo promedio que demora el obtener un título de concesión minera, lo que antes demoraba 2 o 3 meses hoy demora 14 meses porque participan otras instituciones. Cuando se otorga una concesión se recibe simplemente un título que otorga un derecho de prioridad para poder hacer trabajos mineros en esas concesiones.
Pero para hacer estos trabajos, como por ejemplo avanzar con un programa de perforación en la etapa más temprana del proceso o construir un proyecto minero, se necesitan permisos ambientales cuyo otorgamiento implica verificar si el territorio tiene algún problema que justifica algún tipo de limitación, pero no hay necesidad alguna de hacer esta verificación en el momento que están entregando el título de la concesión.
Asimismo, obtener un permiso para perforar y hacer algo de exploración demora más de dos años, demoran tanto o más que muchos permisos para una operación minera. Por otro lado, la aplicación de la consulta previa en proyectos de exploración es innecesaria, ya que no hay ninguna empresa que ingrese a trabajar en un territorio comunal si no tiene el permiso de la comunidad, esto ocurre sin la necesidad de la intervención del Estado, es un asunto que está autorregulado.
La consulta previa tiene la premisa de que la empresa y el gobierno informen a la comunidad sobre cuáles van a ser los impactos positivos y negativos de las actividades de minería en el largo plazo, cuando se explote el cuerpo mineral que se haya encontrado. Y cómo puedes dar este informe si recién se va a empezar la exploración, y ni siquiera se sabe si existe una mineralización rentable, ni qué impacto tendrá. Estas trabas son absurdas e innecesarias, , pero no son casuales, sino que han tenido, en realidad, la intención de frenar el desarrollo de la actividad minera, perjudicando a las empresas, a las regiones y al país.
Fuente: REVISTA MINERÍA&ENERGÍA